Brasil: detienen a 2 ex ministros y al dueño de empresa proveedora de Venezuela

La policía federal brasileña arrestó este viernes a dos ex ministros de Dilma Rouseef y a Joesley Batista, copropietario de la compañía JBS, el principal frigorífico de América Latina, reseñó Infobae.

Según los diarios Folha y O Globo, los arrestos (12 en total) incluyeron a un diputado y varios empresarios y se realizaron en el marco de una investigación sobre sobornos pagados en el ministerio de Agricultura durante la presidencia de Dilma Rousseff.

Los dos ex ministros son Neri Geller (actual diputado nacional) y su sucesor y actual vicegobernador del estado de Minas Gerais, Antonio Andrade.

En la causa también fue detenido el diputado João Magalhães, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB); los empresarios Ricardo Saud y Demilton de Castro y el ex secretario de Defensa agropecuaria Rodrigo Figueiredo.

El operativo “Capitu”, que se enmarca en la megainvestigación conocida como Lava Jato, fue decidida en base a declaraciones como colaborador de la justicia de Lucio Funaro, explicó la agencia ANSA.

Funaro es considerado uno de los operadores del MDB (el partido de Andrade) responsable de las finanzas paralelas de esa fuerza política.

Según la hipótesis de los investigadores, la JBS pagaba sobornos a responsables del MDB en el ministerio de Agricultura a cambio de medidas oficiales que favorecían a la empresa.

En concreto se sospecha que la JBS pagó sobornos a diputados y funcionarios.

JBS fue proveedora de carne de Venezuela luego de un acuerdo firmado en junio de 2015 por 2.100 millones de dólares. Para ese momento casi la mitad de la carne que comían los venezolanos era proporcionada por JBS, al igual que una cuarta parte del pollo, según datos de Bloomberg.

En una de las conversaciones interceptadas por la policía, dos miembros de esa organización comentaron irónicamente que un embarque de carne que fue rechazado en Europa por tener salmonella fue reciclado para los consumidores brasileños. El operativo reveló, luego de una prolongada investigación, un sistema en el que esas y otras empresas pagaban coimas a fiscales del área de sanidad del Ministerio de Agricultura que autorizaban la venta de carnes vencidas y hasta de “animales muertos” por dolencias.