La democracia española enfrenta su mayor desafío

Cuarenta años después de que se restableciera la Generalitat y con ella el autogobierno más amplio de su historia, los gobernantes de Cataluña han decidido reventar el consenso constitucional del 78, enfrentar a gran parte de su ciudadanía con el Estado y llevar hasta el final un referéndum de secesión que pone en riesgo la idea misma de España.

Los catalanes despiertan este domingo plenos de incógnitas: si se dará una verdadera votación o será una movilización masiva, si la fractura social provocada por el soberanismo estallará en la calle o si el desafío puesto en escena llegará a su consumación con una declaración unilateral de independencia. También confirmarán una certeza: ni la política ni sus actores han sabido estar a la altura y evitar el choque.

La pregunta más repetida en los últimos años ha sido “¿en qué momento se originó esta crisis?”, y parece haber amplio consenso entre políticos, académicos y opinadores públicos en situarlo en la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de junio de 2010, que recortó 14 de los 223 artículos del Estatuto de Autonomía, reinterpretó otros 27 y negó valor jurídico al término “nación” contenido en el preámbulo. El texto estatutario había sido aprobado por el Parlamento catalán y el Congreso de los Diputados, y refrendado por los catalanes cuatro años antes. Ese consenso, sin embargo, está cargado de matices que hacen mucho más compleja toda esta historia.

La reforma del Estatut no había suscitado en sus orígenes el entusiasmo de muchos catalanes. Fue un compromiso electoral y un empeño de Pasqual Maragall por demostrar que el catalanismo socialista era capaz de alcanzar mayores cotas de autogobierno y un encaje más estable de Cataluña en España.  La promesa del entonces aún candidato a la Presidencia del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en el mitin del Palau Sant Jordi en noviembre de 2003 —“Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán”— se convirtió en un bumerán, por su incumplimiento, que acabó desprestigiando a todos los protagonistas de este drama.

La tramitación de la nueva ley se le escapó de las manos al PSC, fue abandonada por poco ambiciosa por su socio en el tripartito, ERC, y acabó quedando en manos de CiU. Su líder en esos momentos, Artur Mas, acabó negociando el articulado final en un encuentro secreto en La Moncloa, decenas de cigarrillos mediante y al margen del Parlament, con el entonces ya presidente del Gobierno, Zapatero.

El Estatut tendría aún que pasar por la Comisión Constitucional del Congreso, donde sufriría el “cepillado” —en palabras del presidente de la comisión, el socialista Alfonso Guerra— de algunos artículos de dudosa constitucionalidad, antes de ser aprobado por las Cortes, con el voto en contra del PP y de ERC.

El 18 de junio de 2006, finalmente, los catalanes lo votaban en un referéndum. La abstención superó el 50% (50,7%: diez puntos por encima de la registrada en 1979, cuando se votó el primer Estatut). Ahí podría haber acabado todo, pero el PP decidió llevar a los tribunales su batalla. El 31 de julio, Soraya Saénz de Santamaría y Federico Trillo, en nombre del partido, presentaban ante el Constitucional un recurso contra 114 artículos y 12 disposiciones de la ley. Comenzaba una lucha judicial que se prolongaría durante cuatro años y que acabaría con la recusación de varios magistrados del alto tribunal, la división en su seno en dos bloques enfrentados y la erosión de gran parte de su prestigio.

Rafa De Miguel

Diario El País de España

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