Cayó en EEUU otro boliburgués: José Manuel González Testino, el zar de Pdval

Un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense – venezolana que controlaba varias compañías fue arrestado ayer por cargos de soborno en el extranjero por conspirar para hacer, y hacer, pagos corruptos a un funcionario de la empresa energética estatal y estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), a cambio de un trato comercial favorable con PDVSA.

El Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Ryan K. Patrick del Distrito Sur de Texas y el Agente Especial a Cargo Mark Dawson de la Oficina de Campo de Houston de Inmigración y Aduanas del Servicio de Inmigración y Aduanas (HSI), anunciaron el arresto.

José Manuel González Testino (González), de 48 años, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami, con una orden de arresto basada en una denuncia penal presentada en el Distrito Sur de Texas que fue revelada ayer. Hizo su aparición inicial hoy ante el Juez Magistrado de los Estados Unidos Lauren F. Louis del Distrito Sur de Florida. González está acusado de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y pagar sobornos a un funcionario extranjero en violación de la FCPA.

Según la denuncia penal, González y un conspirador pagaron al menos $ 629,000 en sobornos a un ex funcionario de PDVSA a cambio de los pasos oficiales para (1) dirigir los contratos de PDVSA a las empresas de González, (2) dar prioridad a las empresas de González sobre otras los vendedores para recibir pagos, y (3) otorgar a las empresas de González contratos de PDVSA en dólares estadounidenses en lugar de bolívares venezolanos.

Las acusaciones contenidas en la queja son meras acusaciones y se presume que el acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

Con el arresto de González, el Departamento de Justicia anunció cargos contra 17 personas, 12 de las cuales se declararon culpables, como parte de una investigación más amplia y en curso del gobierno de los EEUU sobre sobornos en PDVSA.

HSI en Houston está llevando a cabo la investigación en curso con la asistencia de HSI en Boston y Miami. Los abogados litigantes Sarah E. Edwards y Jeremy R. Sanders de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y los Fiscales Federales Auxiliares John P. Pearson y Robert S. Johnson del Distrito Sur de Texas están procesando el caso. La Asistente de la Fiscal de los Estados Unidos Kristine Rollison del Distrito Sur de Texas está manejando los aspectos de confiscación del caso. La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal también brindó asistencia.

La Sección de Fraude es responsable de investigar y enjuiciar todos los asuntos de la FCPA.

 

 

LA DENUNCIA CONTRA GONZALEZ EN 2017

Por medio de una misiva dirigida a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y a los Departamentos de Estado y del Tesoro, el Centro de Investigaciones contra el Crimen en las Américas solicitó formalmente que se incluyan los nombres del actual Ministro de Petróleos de Venezuela, Nelson Martínez y al exgerente de Pdval y supuesto empresario, José Manuel González Testino en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) por estar vinculados a organizaciones criminales dedicadas al lavado de activos.
De acuerdo a la solicitud, existen evidencias que permiten probar que el expresidente de Citgo y actual ministro de hidrocarburos, Nelson Martínez se ha enriquecido, gracias a sus posiciones como funcionario público del Estado venezolano.
En la petición a las autoridades norteamericanas se plantea el caso de PDVAL, una filial de la estatal petrolera Pdvsa, que supuestamente es controlada por Nelson Martínez y el exgerente de ese ente estatal, José Manuel González Testino. “Ambos lograron beneficiarse personalmente del dinero proveniente de las arcas del tesoro”, dice el documento.
En la comunicación citan un informe preparado por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en el cual se publicó una lista de 37 compañías que se estima se apropiaron ilegalmente de $11 mil millones de dólares.
La lista de esas empresas se inicia con José Manuel González, ubicadas en la jurisdicción de los Estados Unidos, dice la petición y añade que hay otras corporaciones del mismo sujeto constituidas  en Suiza y Panamá, dice el documento.

Las compañías vinculadas al supuesto esquema de corrupción poseen cuentas en la banca suiza, a saber: Goet & Co (Ginebra), Stang Industrial Products SA Cuenta # 126.143, RH Internacional Consulting Cuenta 126.110, Henry Pittier International, Cuenta #126-187, Colorado Manufacture and Equipment SA Cuenta #126-122, de acuerdo a la demanda dada a conocer por la ONG antes mencionada.
El solicitud se pide al FBI, investigar a los dos hombres ligados al gobierno de Nicolás Maduro través de las herramientas establecidas en la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de 1977. Argumentan que “debido a la deteriorada y dramática situación humanitaria que vive Venezuela estas compañías constituyen una red operada por el crimen organizado y su objetivo es ganar dinero ilícito a costa del hambre de millones de venezolanos”.
En la solicitud explican que como organización están preocupados por el aumento de la crisis humanitaria, la impunidad y el crecimiento del crimen organizado en Venezuela, y que las organizaciones criminales tienen ramificaciones en el territorio estadounidense y se convierten en una amenaza a la seguridad de los EEUU.
“Esto es una amenaza para la seguridad de la región y del hemisferio”, dice el documento.
“Los Estados Unidos, como líder moral y político de la región debe prestar atención, y activar los mecanismos expeditos del Departamento de Justicia para actuar de manera inmediata y ejecutar los mecanismos previstos en la ley para controlar el crimen organizado”, explica en la solicitud.
El Centro de Investigaciones contra el Crimen en las Américas pone a disposición de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), (encargada de la seguridad nacional, el crimen organizado y la corrupción) las investigaciones realizadas sobre estos dos sujetos que a juicio de los investigadores han violado las leyes norteamericanas.
En el documento se destaca que Venezuela es uno de los países más ricos en recursos naturales de la región, que posee las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo y donde la economía depende exclusivamente de la exportación de petróleo. Sin embargo, la corrupción y ineptitud del gobierno ha llevado al país a una implosión política y económica de consecuencias inimaginables.
Más adelante se señala que en la medida que la crisis venezolana avanza, las organizaciones corrupta conectadas con el régimen se convirtieron en poderosas organizaciones criminales.
Como ejemplo del avance de dichas organizaciones criminales, citan las sanciones impuestas por el Departamento de Justicia y del Tesoro contra el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, designándolo como narcotraficante en la lista Clinton.
Igualmente, mencionan que una Corte Federal de Nueva York condenó a Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos de la primera dama de Venezuela, de ser culpables de conspiración para importar 800 kilos de cocaína a los EEUU.
Dice que Venezuela se convirtió en la base principal de las empresas relacionadas con lavado de dinero, corrupción, extorsión y crímenes graves con impunidad en Central y América Latina.
El sistema de justicia americana puede ayudar a identificar y bordear estas organizaciones que operan actividades ilegales desde el territorio estadounidense.
En el documento se señala que José Manuel González Testino es un ciudadano americano nacido el 19 de septiembre de 1969 en Cookville, Tennessee. “González Testino usa su pasaporte venezolano para hacer sus transacciones financieras y su pasaporte americano para hacer sus operaciones dentro de los EEUU. Es miembro de la directiva de la empresa Productora y Distribución Venezolana de Alimentos (PDVAL) responsable de deterioro de $2 billones de dólares en comida podrida en diferentes lugares de Venezuela, hecho que causó repugnancia en un país donde diariamente la mayor parte de la población pasa hambre”.
PDVAL es una filial de la estatal petrolera Pdvsa, controlada por ejecutivos como Nelson Martínez, expresidente de Citgo y actual Ministro de Hidrocarburos, gente que se ha enriquecido con dinero proveniente del erario público venezolano, acota la petición.
Como organización independiente de periodistas Venezuela y de América Latina  con devoción a la transparencia y claridad, imploramos que sean investigados esos sujetos y colocados en la lista Clinton  los actos en la categoría de SDN.

La denuncia está acompañadas con documentos de recibidos por parte de la oficina del FBI en Miami.